ABUSO
DE LA
FUERZA
OBEDIENCIA
CAPACITACIÓN
CADENA
DE
MANDO
MATAR
O
MORIR
PATRONES
CRÍMENES
Cadena de Mando
POST SCRÍPTUM
LOS PATRONES DE LA MUERTE
Tener automóvil con vidrios polarizados, rebasar a un convoy militar, circular con actitud sospechosa, parecer drogado, parecer narcomenudista, parecer que quiere desenfundar un arma, barbechar el sembradío comunal o no detenerse en un retén militar fueron los motivos por los cuales distintas personas murieron asesinadas por soldados del Ejército.
Estos son, según los testimonios de soldados que cumplían órdenes de combate al crimen organizado en las calles del país, los motivos por los cuales dispararon y mataron a personas.
Desde el año 2006 a abril del 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado 143 recomendaciones a las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos (tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otras como discriminación y violación al derecho a la salud en los centros hospitalarios). De ese total, casi una tercera parte, el 28.6 por ciento, son por ejecuciones extrajudiciales.
Desde que el Ejército fue sacado a patrullar en las calles, en el año 2006, la presión social y política para devolverlo a los cuarteles ha sido constante: en el 2011 Javier Sicilia encabezó una caravana que cruzó el país acompañado por cientos de víctimas con ese reclamo; en ese año 2011 la CNDH reconoció que entre 2007 y 2011 habían llegado 4 mil quejas por violaciones graves a derechos humanos. También organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitieron informes o comunicados llamando a sacarlos de las calles. Recientemente, el informe Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México, Open Society Foundations se sumó al reclamo.
“Casi una tercera parte de recomendaciones de CNDH al Ejército, son por ejecuciones extrajudiciales”.
Marcos Pablo Moloeznik, académico de la Universidad de Guadalajara especializado en fuerzas armadas, dice en entrevista: “Si usas a los militares sabes cuales son los efectos. En muchos casos, la intervención del Ejército sí es necesaria, y es amparable en el artículo 29 constitucional, que regula el uso del estado de excepción. Pero de la manera que se ha hecho, evitando declarar el estado de excepción, las fuerzas armadas actúan sin un manto de protección legal. La respuesta del Ejército debe ser cortoplacista, de choque, para recuperar espacios públicos al narco. A largo plazo, es malo”.
En respuesta a la presión política y social el 30 de mayo del 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto publicó el Manual del Uso de la Fuerza, que prohíbe, entre otras cosas, restringir la respiración a una persona detenida, disparar desde o hacia vehículos en movimiento –excepto cuando “no hay alternativa” y haya riesgo inminente contra personas-, disparar a través de ventanas, puertas o paredes a un objetivo que no está plenamente identificado, disparar cuando se puede hacer daño a terceros o disparar a personas que sólo hacen daños materiales.
Pese a la publicación de este documento y a la capacitación en derechos humanos que la Sedena presume dar a la tropa para regular el uso de la fuerza y evitar acciones arbitrarias, los crímenes y las víctimas siguieron aumentando.
Apenas un mes después de que se hiciera público el manual del uso de la fuerza, soldados asesinaron a civiles en Tlatlaya, Estado de México, en lo que podría ser una de las más graves masacres cometidas en México, como lo calificó Human Rights Watch. Sin embargo, un juez exoneró a los soldados implicados, pues entendió que la PGR no había aportado pruebas suficientes. El caso está en proceso.
El 28 de julio del 2015 soldados agredieron a comuneros de Ostula y un niño murió a causa de las balas; en Calera, Zacatecas, el 7 de julio del mismo año, militares –actualmente en proceso judicial- desaparecieron y asesinaron a siete personas; en Veracruz, en marzo del 2016 desaparecieron y asesinaron al mecánico Víctor García –también se inició proceso judicial por este hecho-.
Por ninguno de estos casos tres crímenes la CNDH ha dado recomendación, pese a que en algunos tienen más de un año de ser cometidos. La CNDH tampoco emitió recomendación por el asesinato de 11 personas, dos de ellos mecánicos, ocurrido el 17 de junio del 2011 en la carretera Xalapa-Banderilla, en la que participaron policías estatales, federales y militares, quienes justificaron la agresión diciendo que se trataba de criminales. La versión de las autoridades fue desmentida por Janet Figueroa, hija de uno de los mecánicos asesinados, quien aclaró que fueron atacados cuando se dirigían del trabajo a casa, que les sembraron armas y les dieron tiros de gracia. La CNDH tendría que aclarar las razones por las cuales no ha investigado o concluido la investigación de estos hechos.
Este equipo de reporteros revisó las 34 recomendaciones que la CNDH emitió por ejecución extrajudicial contra el Ejército desde el 2007 a la fecha, que suman 154 víctimas de las cuales 73 fueron asesinadas. A partir del año 2013 el organismo defensor bajó considerablemente los señalamientos a la autoridad militar, pues desde entonces sólo ha dado dos recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que las mismas cifras de la Sedena reflejan en el 2014 un ligero incremento de personas asesinadas en supuestos enfrentamientos.
En la revisión a los documentos se encontraron patrones que muestran poca capacidad de los soldados para responder a momentos de tensión, presión para salir a combatir a “un enemigo” y el respaldo de la institución castrense que en sus informes oficiales justifica siempre el uso excesivo de la fuerza y culpa, a primera instancia, a los muertos de su destino.
Por ejemplo, durante un enfrentamiento ocurrido en pleno centro de Apatzingán, Michoacán, el 5 de julio del 2007, los militares utilizaron una bazuca para atacar una vivienda y detener a unos presuntos criminales, matando a cuatro personas y dejando a otras ocho heridas.
La institución castrense, en sus informes oficiales justifica el uso excesivo de la fuerza y culpa, a primera instancia, a los muertos de su destino.
El 1 de junio del 2007 la familia Esparza pasó por un campamento militar instalado en la carretera que lleva al poblado La Joya, en Sinaloa, cuando los soldados dispararon contra ellos, matando a cinco personas, entre ellas tres menores de edad. Para justificar su crimen, los soldados alteraron la escena del crimen colocando un costal de marihuana en la camioneta, comprobó la CNDH.
El 8 de mayo del 2008 habitantes de la comunidad indígena de San Carlos, Oaxaca, estaban limpiando su solar cuando un grupo de 20 soldados llegó, hizo disparos al aire y cuando asustados las personas comenzaron a correr, dispararon contra ellos matando a dos personas y sembraron cinco armas en el terreno, según la CNDH.
El 20 de noviembre del 2011, soldados sacaron de su domicilio a dos personas, las llevaron al cuartel militar donde se les interrogó y torturó y uno de ellos murió por la tortura. Los soldados dijeron que le habían detenido porque salió de su domicilio con una maleta negra llena de armas y droga, y que su muerte fue por causas naturales, según la CNDH.
Criminalizar a las víctimas
En 32 de las 34 recomendaciones, es decir 94 por ciento, las autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad alterando la escena del crimen o la narrativa de los hechos para responsabilizar a las víctimas de su destino.
De las 32 agresiones, en 18 casos se alteró la escena del crimen: en diez ocasiones los soldados sembraron armas, en tres casos hubo exhumación clandestina del cuerpo de la víctima, en dos ocasiones se sembró droga y en un caso los soldados hicieron disparos para inculpar a las víctimas.
En 14 agresiones, los soldados alteraron la narrativa de los hechos para responsabilizar a las víctimas: por ejemplo mintieron sobre la forma de detención, negaron la tortura, o simplemente no informan sobre los hechos.
En 94 por ciento de los casos autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad alterando la escena del crimen o la narrativa de los hechos.
Los soldados colocaron un costal de marihuana a la familia Esparza del poblado La Joya, Sinaloa, que perdió a cinco integrantes agredidos al pasar un campamento militar, en 2007, según la recomendación de la CNDH. Soldados colocaron armas sobre los cuerpos de los estudiantes del Tec de Monterrey asesinados en 2010. A los esposos Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña asesinados al salir del trabajo en Anáhuac, Nuevo León, en 2010, los soldados les colocaron rifles junto a los cuerpos y la Sedena los boletinó con apodos del narco. Ese mismo año a un campesino asesinado en Guerrero, los soldados le colocaron un AK-47. Los soldados le colocaron armas al cuerpo de Jorge Parral, empleado de Capufe, y otro compañero de Aduanas, ambos asesinados en General Bravo, Nuevo León, en 2010. Se movieron algunos cuerpos de las víctimas de la masacre en Tlatlaya, en el Estado de México en 2014.
¿Cómo los mataron?
11 casos: ocurrieron cuando los vehículos de las víctimas estaban en movimiento (incluye pasar por retén, o pasar cerca de donde había un convoy militar)
14 casos: soldados dijeron que estaban en enfrentamiento o fuego cruzado, aunque pudo ser ataque directo (incluye asesinato directo con el pretexto de estar en enfrentamiento)
9 casos: detención arbitraria (incluye detención arbitraria, tortura, interrogatorio)
¿Evadieron responsabilidad?
18 casos: soldados alteraron escena del crimen (sembrando armas, droga o moviendo cuerpos)
14 casos: soldados alteraron la narrativa de los hechos.
