CADENA DE MANDO

Parecía una orden rutinaria: el mayor Alejandro Rodas Cobón mandó al sargento Andrés Becerra que llevara a la camioneta Lobo dos garrafones de reserva de 60 litros, uno de gasolina y otro de diesel.  Luego vino la siguiente orden: como no hay choferes, Becerra debía conducir el vehículo y llevar a un grupo de soldados y un bulto. Ese bulto encobijado era una persona muerta y el destino del viaje era un rancho donde iban a desaparecer su cuerpo. Era la madrugada del 23 de junio del 2008.

De acuerdo al relato contenido en el expediente de juicio de amparo 15/2010, antes y después de esas órdenes hubo otras, comandas que derivaron en el asesinato de siete personas y la desaparición de sus cadáveres, presumiblemente cometidos por el “Pelotón de la muerte”.

El “Pelotón de la muerte”  es el nombre con que un ministerio público militar llamó al grupo de mandos militares y soldados pertenecientes a la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE),  en Ojinaga Chihuahua, que, según expedientes judiciales, hacía tareas de combate al crimen organizado fuera de la legalidad. Una CINE es una unidad del Ejército que no depende de una unidad superior, por ejemplo un batallón. Es una unidad independiente.

El grupo fue llamado así porque habría matado y desaparecido a siete personas, según la investigación contenida en el juicio de amparo. Además de realizar cateos sin orden judicial, robar dinero y autos o refrigeradores decomisados. Además de repartirse el botín o almacenar armas y droga que después serían “sembradas” a algún detenido.

Las supuestas operaciones del llamado “Pelotón de la muerte” –documentadas en el expediente judicial del caso-, nos ayudan a entender las dinámicas cotidianas dentro de un escuadrón militar y cómo se habrían dado las relaciones de orden y obediencia que habrían derivado en un entramado de complicidades y en la ejecución de órdenes ilegales.

Para entender cómo se van construyendo esas dinámicas en la vida de un cuartel, este equipo de reporteros seleccionó algunos de los testimonios de los soldados que muestran la escalada de órdenes presuntamente ilegales.

De chofer a cómplice

“Mayor, se va a molestar mi teniente coronel (José Julián) Juárez Ramírez si me manda fuera de la Unidad”, le respondió el sargento Becerra al mayor Rodas Cobón, cuando éste le ordenó trasladar en la camioneta Lobo a los soldados y al bulto. “Entonces el mayor me dijo ‘yo te estoy ordenando que vayas, entiende que no hay choferes y ahorita que llegue el teniente coronel le digo que yo te mandé´”, respondió el sargento.

Según declaró el sargento Becerra, aquella madrugada del 23 de junio condujo la camioneta Lobo a un paraje. En ese lugar vio cómo los soldados sacaron el cuerpo de la batea, le echaron leña encima, lo rociaron con gasolina y lo incineraron, para después esparcir las cenizas a lo largo del camino.

En otra ocasión de ese mismo año 2008, la tropa detuvo a seis personas por el asesinato de un soldado y en lugar de presentarlos ante un agente del ministerio público, como debe ser por ley, los llevó a la Tercera CINE de Ojinaga. En una palapa, ubicada en esas instalaciones militares, los soldados vendaron los ojos y torturaron a los detenidos, hasta matar a uno de ellos. De nuevo vino otra orden a Becerra: debía abastecer la camioneta Lobo con una reserva de 40 litros y subir a la persona muerta para llevarla a las afueras de Ojinaga.

Esa camioneta Lobo era conocida entre los soldados como “la Lobo del mal”. La camioneta había sido asegurada en un cateo a narcotraficantes, luego la pintaron de verde militar y la rotularon con el número 8013148, como si se tratara de un vehículo castrense.

El sargento Becerra continúa en su relato con las órdenes que le habría dado el mayor Rodas Cobón:

“Recibí la orden de que subiéramos al civil muerto y lo trasladáramos al lugar que el teniente (de infantería Jesús Omar Castillo Martínez) quisiera, pero que no quería pendejadas de que dejáramos huella alguna de la desaparición del civil”. En el paraje, continuó Becerra, vio cómo los soldados quemaron el cuerpo y tiraron las cenizas desde la camioneta que él conducía, en el camino y un arroyo.

“En otra ocasión, el teniente coronel Juárez Ramírez me mandó a llamar y me dijo que no le tenía confianza a los oficiales porque no le reportaban dinero o joyas o armas que aseguraban en los cateos, y por lo tanto no podía encomendarles a dichos oficiales los reportes de los informantes, diciendo que me tenía confianza suficiente porque había controlado bien el combustible”.

“Los informantes”, según explicó Becerra, eran integrantes del crimen organizado que le aportaban al mando datos de grupos criminales contrarios, que derivaban en cateos, detenciones o decomisos. El mando al sargento le ordenó convertirse en el enlace entre ellos.  El sargento intentó negarse y el teniente le recordó que era una orden, que no se preocupara pues  solo recibiría información.

Posteriormente, el teniente coronel habría ampliado la orden al sargento Becerra:

“Me dijo que como ya antes se habían hecho trabajos de ejecutar gente, sin decirme a quienes, que iba a ordenarles a los informantes que mataran a otras personas, a lo que le dije que yo no me prestaba para verme involucrado en ese tipo de actividades, ya que él me había dicho que solo era recibir información de informantes de casas para catear”.

Becerra dijo a los ministerios públicos militares que intentó resistir a la orden, pero al final accedió.

“Diciéndome el teniente coronel Juárez Ramírez que yo ya había valido verga, que yo -como muchos- ya sabía de las actividades que llevaban a cabo el mayor Rodas Cobón, el sargento Cruz González y el general Moreno Aviña, amenazándome en ese instante de muerte a mí, diciéndome que también a mi familia se la iba a cargar la chingada y que si no colaboraba en esas actividades, los primeros en ser ejecutados iban a ser mi familia”.

La siguiente orden que recibió el sargento, según narró el mismo Becerra en el expediente, fue entregar a los presuntos integrantes del crimen organizado las armas con las que se harían las ejecuciones que ordenó el mando militar. Becerra también debía entregarles la marihuana como pago por los asesinatos.

“Desde la primera ejecución en la que se me ordenó ir como conductor yo me opuse y le quise hacer entender al mayor (Rodas Cobón) que no quería tener ninguna participación en nada. Sin embargo a partir de esas fechas como notó que no quise colaborar en cuestiones irregulares me empezó a agarrar mucho odio, presionándome así para que me fuera de la CINE ya que no era de su confianza. Pero como no me iba, pretendía involucrarme con la gente que detenía mostrándole mi foto y los golpeaba para que dijeran que yo les daba información”, declaró Becerra.

Cómplices, no testigos

Además de Becerra, varios elementos de tropa narraron ante el ministerio público militar distintas órdenes que supuestamente recibieron de sus mandos. Esas órdenes permitirían entender la forma en que operaba la obediencia en las filas en la Tercera CINE de Ojinaga, Chihuahua:

El cabo Adalberto Petlacalco Vázquez declaró sobre la forma en que se le involucró en crímenes:

“El jefe Rodas Cobón me mandó llamar y me entregó diez dólares, un anillo de oro y una esclava diciéndome que eso me lo daba para que me alivianara, además de que me daba esas cosas para que yo no dijera nada de lo que había pasado (cateos y detenciones sin orden judicial) porque de lo contrario me iba a matar o desaparecer, que al fin y al cabo ya estaba dentro de las cosas que él hacía y cometía. Yo por ese temor no dije nada y recibí el dinero y las alhajas que me estaba dando”.

El soldado Francisco Nava Hernández:

“El mayor empezó a revisar la cartera y papeles (de un detenido), de ahí vi que el mayor sacó dólares de la cartera de ese civil y a todos los que estábamos ahí nos dio cuarenta dólares”.

El cabo conductor Dolores de la Cruz Pérez:

“El mayor Rodas Cobón le decía al personal que agarraran lo que quisiera, que él quería cómplices, no testigos”.

El sargento segundo Alberto Alvarado Vázquez:

“Todo lo que hice en relación a los hechos en que murieron el Michoacano y el Cholo (dos civiles que habrían sido detenidos y torturados en la Tercera CINE) fue porque tenía temor de que si me negaba a cumplir las órdenes del mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón, tuviera represalias en mi contra o de mi familia”.

El cabo de infantería Fernando Nandez García:

“Nos dijo que íbamos a ir a consignar a los cuatro civiles detenidos, yo le aclaré y le dije ‘mi mayor, yo no quiero poner a disposición a esos civiles, porque yo no los detuve y cuando nos manden traer a diligencias ¿qué vamos a decir?’ Él me contestó ‘ustedes aguanten la verga, yo ya le di parte a mi general Moreno Aviña y él ordenó que fuéramos nosotros’. Pero yo le dije que yo no quería hacer eso porque después yo podía tener problemas, pero como él me ordenó, yo cumplía la orden”.

El soldado de infantería Vicente Domínguez Carmona:

“El mayor Rodas Cobón nos reunió cerca de la (camioneta) Lobo y nos dijo que eso que acababa de pasar (incineración del cuerpo de un civil muerto) quedaba entre nosotros, porque luego la raza cuando anda peda habla de más y no quiero que eso pase”.

La cadena de mando, hasta el final

En el proceso penal del caso Ojinaga también hablaron los mandos. El teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, uno de los acusados por los soldados de darles órdenes ilegales, habló sobre la normalidad con que los mandos no ponían a disposición cosas decomisadas –como armas y vehículos- y de cómo esos hechos los conocían el comandante de la guarnición, el comandante de la zona y el comandante de la región.

“De todo esto (los decomisos y el no poner a disposición) ya estaba enterado y yo lo controlaba por mis funciones propias de ser el comandante de la Unidad y porque así se me ordenó por parte del comandante de la Guarnición, procedimiento con el cual no estuve de acuerdo con esas formas de operar y cuando así lo manifestaba, el general respondía diciéndome ‘no tengas miedo, que así se está haciendo en todas partes’”.

El teniente coronel negó que personal de la Tercera CINE hubiera realizado ejecuciones o protegido delincuentes.

Interrogado por la Fiscalía Militar, el teniente coronel respondió:

--¿Sabe que conforme a la legislación mexicana es un delito no poner a disposición de la autoridad competente la totalidad de droga, armas, dinero, vehículos y personas asegurados en cumplimiento de misiones? –preguntó el ministerio público.

--Sí sé que es un delito, pero por otra parte estaban las órdenes de un superior (…) Entonces en esa situación como militar subalterno a quien ordena otra cosa me vi obligado a obedecer la orden del superior para no incurrir en delitos del fuero militar.

También habló el mayor Rodas Cobón, quien en sus declaraciones atribuyó toda la responsabilidad al general Moreno Aviña:

“El general (Aviña) me ordenó que reforzara las acciones que desde hacía un año venía realizando el teniente de infantería Huesca Isasi, él ordenó al teniente y a mi que no esperáramos a obtener la orden de cateo correspondiente, esto con el fin de agilizar los resultados, que esto ya estaba autorizado, pero no dijo por quién”

El mayor negó haber torturado o asesinado personas, y sobre la desaparición de cuerpos, dijo que solo transmitió la orden del general a la tropa.

“El general (Moreno Aviña) comandante de la guarnición nos decía que los cateos sin orden de un juez estaba permitido desde arriba, sin saber a quién se refería, que debíamos obtener resultados a toda costa y que esto se hace en toda la república mexicana, insistiendo constantemente de que en Ciudad Juárez obtenían resultados y a cada rato y nosotros cuándo y que ahí los procedimientos fuera de la ley eran normales y que no iba a haber problema, que así lo hiciéramos, que era en todas partes”.

El domingo 17 de noviembre del 2013 el periodista Jorge Carrasco publicó en la revista Proceso una entrevista con el abogado del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y algunos fragmentos de las declaraciones de los acusados.

En una de ellas, el mayor Rodas Cobón declaró, según lo publicado en el semanario:

“Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón) (…) Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.

En la publicación, el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano detalló que, como defensa del coronel Juárez Ramírez, ha solicitado en varias ocasiones que se cite a comparecer al ex presidente Felipe Calderón en calidad de testigo como comandante supremo de las fuerzas armadas entre 2006 y 2012. No ha tenido éxito en su encomienda. Además detalla  que el entonces titular de la Sedena, el general Guillermo Galván, ha sido citado a declarar en cinco ocasiones y no ha asistido. Estos testimonios, explica la nota, permitirían conocer hasta dónde llega la cadena de mando y demostrar que los hechos imputados se realizaron cumpliendo órdenes transmitidas por Galván.

La publicación de Carrasco también detalla que los inculpados alegaron haber sido detenidos de manera arbitraria y torturados para declarar lo que está contenido en el expediente.

Por entonces, 2.000 soldados y policías acababan de llegar a Chihuahua en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. Era una de las acciones coordinadas desde el Gobierno Federal, en las manos de Felipe Calderón, para contener el aumento de la delincuencia.

El 4 de julio del 2015 el reportero Juan Veledíaz publicó, también en Proceso, extractos del expediente judicial, en particular las declaraciones del mayor Alejandro Rodas Cobón, uno de los mandos a quien los soldados acusan de haberles dado órdenes ilegales.

En las declaraciones publicadas en dicho artículo, Rodas Cobón intentó explicar la cadena de mando que operó en la época de los crímenes cometidos por la Tercera CINE en Ojinaga Chihuahua entre 2008 y 2009: ésta comenzaba en el entonces presidente Felipe Calderón “quien declaró la guerra contra el narcotráfico”, el entonces titular de la Sedena Guillermo Galván, el general de división Marco Antonio González, el general de brigada Felipe de Jesús Espitia, -quien era comandante de la quinta zona militar de Chihuahua-, el general Jesús Moreno Aviña, quien era el comandante de la guarnición de Ojinaga y el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera CINE.

Según dijo Rodas Cobón “los mandos que ejecutan las órdenes de los comandantes no pueden tomar decisiones con base en su propia evaluación de situaciones, teniendo que ejecutar única y exclusivamente la orden que recibe del superior, aún cuando sea visiblemente ilegal y se cause graves daños a la seguridad de las tropas y a la población civil”.

El 13 de septiembre del 2009, 31 jefes militares y soldados de la Tercera CINE de Ojinaga, fueron recluidos en el penal militar de Mazatlán acusados de delitos contra la salud, robo, tortura, asesinato y violación a las leyes de inhumación. A la fecha, algunos de los soldados de bajo rango inculpados han sido exonerados; el general Moreno Aviña, el teniente coronel Juárez Ramírez y el mayor Rodas Cobón singuen en proceso bajo la justicia civil federal.

Ellos no te van a perdonar.

En sus filas ex militares.